LAS HACIENDAS
"LA HACIENDA DE AMATALA", 1572
Estancia llamada Amatala, con su ganado y granos, en Loja (Loxa), en el año 1572. Es decir, a los veinticuatro años de la fundación. El comprador pasa a tener dos tercios de la hacienda y el vendedor conserva un tercio. El precio de la hacienda es de 160 pesos. Hay una renuncia de fueros y leyes. La fórmula de otorgamiento tiene como testigos presentes a Picarro, Morales y un Lorenzo. El escribano con signo y rúbrica es Francisco Sánchez de Pilares .
.webp)
"LA HACIENDA DE LANDANGUI",
1729-1732
A finales de la década de 1720, las tierras de la Hacienda de Landangui (o San Ignacio del Landangui), ubicada en el cálido valle de Malacatos, atravesaba su época más oscura. La finca había pertenecido a Don Manuel Xavier de Benavides, quien en vida había sido una figura importante como Alguacil Mayor de la ciudad de Loja. Don Manuel había administrado la propiedad con cierto éxito: la hacienda contaba con una casa de habitación, corrales, cercas, una acequia de regadío, un extenso platanal y un huerto repleto de árboles frutales de aguacate, chirimoya, lima dulce y naranja caspel. Además, en sus prados pastaban entre 80 y 93 cabezas de ganado vacuno, y en los galpones se guardaban herramientas de trabajo como hachas, machetes, una lampa y una útil gaeta valorada en 100 pesos.
Sin embargo, los negocios de Don Manuel no estuvieron exentos de deudas. Para sostener sus empresas, había grabado la hacienda con un crédito hipotecario de 500 pesos a favor de los religiosos del Convento de Santo Domingo de Loja. Tras el fallecimiento de Don Manuel, la desgracia se encarnó en su viuda, Doña María de la Fuente, quien cayó en una extrema pobreza y no pudo hacer frente a las deudas ni al mantenimiento de las tierras. Cuando ella también falleció, la hacienda quedó desamparada, sin trabajadores ni administradores, corriendo el riesgo inminente de perder sus cultivos, ver morir al ganado y caer en la ruina total.
Lejos de Malacatos, en el pueblo de San Pedro de Zaraguro, el Maestro Don Joseph Carlos de Benavides y Andrade —hermano del difunto Alguacil, cura vicario de la doctrina y albacea de la herencia— seguía con gran preocupación las noticias del deterioro de la hacienda. El 2 de agosto de 1729, ante el Alcalde Mayor de Indios de Zaraguro, Martín Ambuludí, el cura Don Joseph otorgó un poder legal amplio y completo a favor de su pariente Don Alonso Rosa de Benavides, vecino de Loja. Le encomendó viajar a la ciudad, representarlo ante la justicia e intermediar con los acreedores para evitar que la hacienda fuera destruida por juicios de embargo o por el propio abandono.
Al llegar a Loja en agosto de 1730, Don Alonso Rosa de Benavides sustituyó parte del poder en el procurador Francisco Xavier Eraso y se presentó ante el Corregidor de la ciudad, Don Francisco Xavier Gaona Vejeno, y el Vicario Eclesiástico, Dr. Juan Baptista de la Cueva. La situación se vuelve crítica: el Convento de Santo Domingo exigía el cobro de los 500 pesos de principal más los intereses (réditos) atrasados de varios años. Los frailes habían intentado un remedio desesperado: entregar la hacienda a un vaquero local para que la trabajara y entregara diez cabezas de ganado al año. Sin embargo, el hombre se fugó inesperadamente, dejando el contrato frustrado y la propiedad nuevamente a la deriva. Para evitar la quiebra absoluta y la ejecución judicial desastrosa de los bienes, Don Alonso hizo una oblación (cesión formal) de la hacienda, proponiendo que fuera vendida a un tercero dispuesto a asumir las cargas y rescatar la producción.
A finales de 1731 apareció la persona indicada: Don Joseph Marchena, un hombre con ganas de trabajar la tierra pero que no sabía leer ni escribir. Los frailes dominicos, encabezados por su Prior, el Padre Fray Francisco de Aizpuru y Gamboa, junto con los frailes Fray Joseph de Gauna, Fray Mathias Montalban y Fray Joseph de Agurto, citaron a las partes a la portería del convento en Loja. El 20 de diciembre de 1731, ante el escribano público Agustín Galván, se redactó la escritura pública de compraventa de la Hacienda Landangui por un precio total ajustado de 750 pesos: 50 pesos de contado: Don Joseph Marchena pagó esta cantidad de inmediato en efectivo para saldar los intereses vencidos que se debían a los frailes y cubrir los costos notariales de la escritura. 500 pesos reestructurados como censo: En lugar de pagar este monto en efectivo, Marchena asumió la deuda histórica de 500 pesos a favor del Convento de Santo Domingo. Se comprometió a pagarle a la orden un rédito del 5% anual (25 pesos al año, divididos en dos pagos de 12.5 pesos cada seis meses), manteniendo la hacienda gravada como garantía. 200 pesos para la Cofradía de San Sebastián: Se acordó que Marchena reconocería este censo de 200 pesos a favor de la Cofradía de San Sebastián (administrada por el Cabildo Secular de Loja), trasladando una antigua carga que pesaba sobre otras tierras familiares en Santa Ana de Malacatos.
Debido a que el ganado podía morir o la producción agrícola fluctuar, los religiosos dominicos exigieron garantías adicionales para proteger su crédito. Fue entonces cuando intervinieron dos fiadores solidarios: Don Joseph de Torres y Jojoa y su esposa Doña Martina de Loyola. Para respaldar al comprador Joseph Marchena, los esposos hipotecaron sus propias casas de habitación en el centro de la ciudad de Loja, ubicadas muy cerca del templo de la Compañía de Jesús y la Calle Real.
Como Doña Martina era una mujer casada, la legislación de la época exigía requisitos estrictos para garantizar que no fuera obligada por su marido. En la misma portería del convento, Doña Martina pidió venia a su esposo, prestó un solemne juramento ante el escribano sobre la señal de la cruz y renunció expresamente a las leyes del Senadoconsulto Veleyano y de las Leyes de Toro que protegían su dote y bienes parafernales, dejando la fianza totalmente firme e irrevocable. Además, el contrato incluyó una cláusula muy estricta: si Marchena dejaba deteriorar la hacienda, el Prior de Santo Domingo tenía la facultad de ingresar a la propiedad, hacer los arreglos necesarios a costa del comprador y cobrarlos de forma ejecutiva inmediata con su solo juramento.
Al no saber firmar ni el comprador Don Joseph Marchena ni la fiadora Doña Martina de Loyola, lo hicieron a su ruego los testigos instrumentales presentes, entre ellos Don Miguel de Aranda, Joseph Castillo de Mendoza y Juan de Astudillo (notario de la Santa Cruzada). Los frailes dominicos firmaron de su propio puño y letra el documento matriz.
Finalmente, el 30 de abril de 1732, en la ciudad de Loja, el escribano Agustín Galván, junto a los testigos receptores Salvador Jeres Marsillo, Apolinario de Ureña y Juan de Astudillo, expidió la compulsa o traslado oficial autenticado de todo el expediente en papel sellado de quartillo. Con este acto notarial se cerró formalmente el caso, logrando rescatar la Hacienda Landangui de la ruina, garantizando las rentas religiosas de Santo Domingo y la Cofradía de San Sebastián, y entregando la propiedad a un nuevo dueño con las debidas garantías hipotecarias urbanas y rurales.
"LA HACIENDA DE ANA MARÍA CARRIÓN", 1862
Cuando Ana María Carrión murió en Loja aquel octubre de 1862, dejó tras de sí no solo objetos y plata labrada, sino un imperio de tierra que hablaba de décadas de trabajo, administración y visión.
La Estancia de Amable María: el corazón de su patrimonio
La joya más valiosa de su patrimonio rural era la estancia de Amable María, tasada en casi once mil pesos —la propiedad individual más cuantiosa de todo el inventario—. No era solo tierra: contaba con cinco potreros, una casa de habitación donde probablemente ella misma residía en temporadas de campo, alfalfares para sostener a su ganado, y hatos de ganado vacuno y yeguarizo. Era, en esencia, una unidad productiva completa: forraje, vivienda, tierra de pastoreo y animales, todo integrado.
El nombre mismo de la hacienda —"Amable María"— sugiere una propiedad bautizada quizás en honor a alguien querido, o con un afecto particular que hoy solo podemos imaginar.
Cuando Ana María Carrión murió en Loja aquel octubre de 1862, dejó tras de sí no solo objetos y plata labrada, sino un imperio de tierra que hablaba de décadas de trabajo, administración y visión.
La Estancia de Amable María: el corazón de su patrimonio
La joya más valiosa de su patrimonio rural era la estancia de Amable María, tasada en casi once mil pesos —la propiedad individual más cuantiosa de todo el inventario—. No era solo tierra: contaba con cinco potreros, una casa de habitación donde probablemente ella misma residía en temporadas de campo, alfalfares para sostener a su ganado, y hatos de ganado vacuno y yeguarizo. Era, en esencia, una unidad productiva completa: forraje, vivienda, tierra de pastoreo y animales, todo integrado.
El nombre mismo de la hacienda —"Amable María"— sugiere una propiedad bautizada quizás en honor a alguien querido, o con un afecto particular que hoy solo podemos imaginar.
Entre Amable María y Zalapa, Ana María controlaba once potreros, un sistema de pastoreo extenso que revela una operación ganadera de gran escala para la época.
La Estancia de Zalapa: la expansión ganadera
A poca distancia en valor, la estancia de Zalapa sumaba diez mil pesos más al patrimonio. Con seis potreros, esta propiedad diversificaba el tipo de ganado: no solo vacuno y yeguarizo, sino también mular, animales de carga fundamentales para el transporte en la geografía escarpada de la región lojana del siglo XIX.
La Cuadra de Félix Ortega: la pieza menor
Completaba sus propiedades de tierra una cuadra adicional —una unidad de medida agraria menor— que había pertenecido o llevaba el nombre de Félix Ortega, valorada en 600 pesos. Modesta en comparación con las dos grandes estancias, pero parte igualmente del entramado de tierras que la difunta había reunido en vida.
Tamburara y Fumianuma: el ganado que llegó después
Lo más revelador ocurre meses después de su muerte. En enero de 1863, cuando el inventario ya parecía cerrado, aparecen 33 cabezas de ganado adicionales, provenientes de dos haciendas más: Tamburara y Fumianuma. Estas 375 pesos que se sumaron al final sugieren que Ana María tenía vínculos —de propiedad, de préstamo, de aparcería— con haciendas cuya relación exacta el documento no detalla del todo. ¿Eran suyas también? ¿Tenía ganado a partal en tierras ajenas? El archivo no lo aclara, pero confirma que su red de intereses rurales se extendía más allá de las tres propiedades principales.
Esto retrata a Ana María Carrión no como una simple heredera de objetos preciosos, sino como una terrateniente y ganadera de peso en la Loja decimonónica: una mujer cuya riqueza estaba fundamentalmente anclada en la tierra, el pasto y el ganado que estas haciendas producían, administrada con la suficiente solidez como para que, incluso meses después de su muerte, siguieran apareciendo cabezas de ganado que sumar a su legado.
Sumando las tres propiedades principales —Amable María, Zalapa y la cuadra de Félix Ortega— las haciendas y tierras representaban aproximadamente 21,600 pesos de un total bruto de 39,119 pesos y 1 real. Es decir, más de la mitad de toda su fortuna estaba invertida en tierra y ganado, muy por encima del valor de la plata labrada, las telas finas o los objetos domésticos que también formaban parte del inventario.